Al menos 40 de organizaciones de todo el país que trabajan con personas con distintas discapacidades se movilizarán a partir de las 16 hasta el Congreso nacional para rechazar los ajustes que el gobierno macrista aplicó en esa área a través del recorte de pensiones, la falta de pago a las obras sociales que garantizan las coberturas asistenciales y el desfinanciamiento de los programas terapéuticos.

“Los recortes afectan más que nada a las familias de bajos recursos, que no pueden costear los tratamientos de sus hijos”, advirtió Lucas Blanco, integrantes del grupo Padres TEA (Trastorno del Espectro Autista), miembro de la convocante Red Federal TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) y que año a año organiza la denominada “marcha azul” para la concientización sobre el autismo.

Lo que también demandan las organizaciones es la reglamentación de la Ley Integral de Autismo (27.043), aprobada en noviembre de 2014 y cuya puesta en marcha quedó atrapada en una lógica de interpretaciones y reinterpretaciones de lo que significa ese trastorno. “Hay quienes dicen que si a un chico se le da un certificado de autismo, se lo va a etiquetar. Pero lo cierto es que si no hay certificado no hay cobertura”, argumentó Blanco .

Otra de los planteos que se harán oír esta tarde frente al palacio legislativo es el pedido de “restitución a las pensiones dadas de baja”, el rechazo a la “reducción de las prestaciones”, la “autorización plena de los tratamientos indicados por los médicos”, el aumento de las pensiones no contributivas y el aumento de valor del nomenclador nacional que pone un valor a las prestaciones y que quedó desactualizado tras la escalada del dólar y la devaluación del peso.

Respecto de los tratamientos, se estima que el valor mínimo de una cobertura es de 30 mil pesos para una persona con autismo que necesita un profesional en psicopedagogía, otras en fonoaudiología y psicología, además de una maestra integradora. Esa cobertura la dan las obras sociales. Pero desde hace al menos siete meses, el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, no paga esos servicios. Por eso, agregó Blanco, “el perjuicio mayor es para las personas que no tienen obra social; este ajuste genera más desigualdad”.

El impacto del ajuste es incalculable, también, porque “en la Argentina no hay estadísticas de la cantidad de personas con autismo”, lamentó el integrante de TGD Padres TEA, que se movilizará a partir de las 16 junto con integrantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes, la Asociación Polio (APPA) y el Observatorio Internacional por las personas con discapacidad, entre algunas.

Recibirán el apoyo de diputados del Frente para la Victoria (FpV) y del Bloque de Izquierda, que se comprometieron a participar de la  movilización. También de la CTA de los Trabajadores, ATE, la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y el Sindicato de ACtores, entre algunas.

EL PAIS
© 2000-2018 www.pagina12.com.ar