Mientras a paso de hormiga avanza hacia la definición del cuarto juicio que se lleva adelante por los crímenes de lesa humanidad que sufrieron las personas secuestradas clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico militar, el Tribunal Oral Federal número 5 deberá comenzar a fines del mes que viene el debate oral que demora desde mayo pasado por los delitos sexuales que tuvieron lugar en ese mismo espacio durante el terrorismo de Estado.

Así lo encomendó la Cámara Federal de Casación Penal la semana pasada en un fallo que le puso un freno a la intención dilatoria de la defensa de uno de los imputados a la vez que instó a los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez a “garantizar el comienzo del debate en la fecha señalada” en mayo pasado, luego de suspender su inicio previsto para marzo debido a la pandemia de coronavirus. A la vez, la Sala II de la Cámara exhortó a los magistrados a que “una vez iniciado (el juicio), imprima celeridad a su desarrollo”.

En el marco de las medidas de aislamiento que fueron aplicándose en el país para evitar la propagación de la Covid-19, el TOF 5 pospuso pra el 27 de octubre el inicio del debate que tiene a los genocidas de la Esma Jorge “Tigre” Acosta y Alberto González como imputados por violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos contra tres mujeres que estuvieron secuestardas allí durante la última dictadura. Ambos cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad en cárceles comunes y, aunque intentaron utilizar la pandemia para irse a sus casas, no lo lograron.

El nuevo juicio que están por afrontar “espera su concreción desde 2015 y que requiere que se lleve a cabo ya. "El fallo de Casación viene a certificar esto: no puede demorarse más”, apuntó a PáginaI12 el fiscal que intervendrá en el debate, Leonardo Filippini.

Si bien la fecha específica, 27 de octubre, fue fijada cuando el debate fue pospuesto por la pandemia, la realidad es que la situación del país en cuanto a la circulación de coronavirus y las decisiones que fue tomando el TOF 5 en cuanto a retomar los debates por delitos de lesa humanidad pendientes volvió poco creíble que el compromiso fuera a cumplirse en tiempo y forma. Sin ir más lejos, mientras desde su presidencia la Cámara de Casación instó a los tribunales federales a retomar estos debates urgentes por la vía remota y con protocolos de comportamiento vinculados a evitar la expansión del virus, el trinomio compuesto por Obligado, Paliotti y López Iñíguez se tomó casi tres meses más para continuar con el cuarto debate por los crímenes de Esma, que en marzo pasado estaba en etapa de alegatos y aún no terminó.

“La exhortación de la Casación es importante porque no deja mucho margen. La Fiscalía está lista para comenzar con este juicio y creemos que no hay nada que indique hoy que el comienzo el próximo 27 de octubre no pueda ser posible”, evaluó Filippini.

El pasado lunes 21 de este mes, la Cámara de Casación rechazó un recurso presentado por el defensor de González, Guillermo Fanego, quien buscaba que se desestimara el 27 de octubre como inicio del juicio oral en contra de su defendido y se unificara este debate con otros dos por venir, vinculados a delitos que González y otros represores de la Esma deberán afrontar por robo de bienes a las víctimas que torturaban dentro del centro clandestino. Además de no encontrar razones para efectuar la unificación de causas en un único juicio, el camarista Alejandro Slokar sostuvo que “los hechos imputados en esta causa se encuentran delitos cometidos contra la integridad sexual por lo que la demora en su investigación y juzgamiento constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a graves violaciones a derechos humanos”. Obligaciones que son nacionales, pero también internacionales.

Juzgar sin revictimizar

El expediente que deriva en el juicio conocido coloquialmente como “delitos sexuales en Esma” tiene su origen en la sentencia del segundo debate oral que se llevó a cabo por los hechos acaecidos allí durante la última dictadura, y que llegó en 2011. Entonces, el TOF 5 envió a investigar toda la clase de abusos de índole sexual que narraron diversas víctimas a lo largo de meses y meses de audiencias de testimonios. Vivencias que muchas, también, habían contado en el Juicio a las Juntas o ante la Conadep durante los primeros años post dictadura.

La causa maduró en el Juzgado Federal número 12, al mando de Sergio Torres. En paralelo, en el tercer juicio que se llevó a cabo por los delitos del centro clandestino más grande manejado por la Armada durante el terrorismo de Estado, la Fiscalía y las querellas intentaron que el TOF 5 ampliara la acusasión a 39 de los acusados por delitos sexuales. No pudieron: los jueces lo rechazaron. La intención de la ampliación de la acusación respondía a acortar los pasos procesales y a evitar la revictimización de las víctimas, al obligarlas a tener que relatar nuevamente los hechos sufridos en un juzgado de instrucción después de haberlo ya contado ante un tribunal. Sin ir más lejos, tal es una de las razones por las que el expediente que nació en 2011 solo cuenta con tres casos que lograron completar las instancias procesales hasta llegar al requerimiento de elevación a juicio, concretado en 2015 y 2017: el narrar una y varias veces un hecho de la índole de los que serán ventilados en el debate oral del próximo 27 de octubre es una situación revictimizante.

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